Mi hermana, por LF

Mi hermana soportó la violencia de él en silencio desde inicio del noviazgo. Él trabaja en un organismo del Estado que se dedica a defender los derechos de las personas más vulnerables, además es experto en artes marciales y manejo de armas.

Recién nos enteramos de lo que estaba pasando después de varios años. Supimos  además que una vez mi hermana había intentado suicidarse con el gas. Era tal la violencia que sufría que llegó a justificar el ¨desahogo sexual” de su marido aunque nos dijo también que después de cada episodio ella se ponía antiparras para no verlo, protectores de oídos y se envolvía en una frazada para evitar su contacto.

En septiembre de 2010 mi hermana hizo la denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia Nacional.

En octubre, la ratificó y logró legalmente la exclusión de su marido del hogar.

Al día siguiente me llamó desde la comisaría llorando. Estaba esperando un móvil para concretar la exclusión desde hacía horas. Frente a la inoperancia policial, llamé al Secretario del Juzgado. Enviaron tres patrulleros y tres motos. Fue tragicómico: los policías palmeaban a mi cuñado; mi hermana les indicaba dónde estaban las armas; mi cuñado la insultaba mientras juntaba sus pertenencias. La OVD había asegurado que la exclusión se realizaría con la presencia de una asistente social, pero nunca llegó y tuvimos que sacar a los chicos de la casa.

Mi hermana y sus hijos se quedaron viviendo en la casa familiar, que estaba en muy malas condiciones, ni siquiera tenían agua.

Ella empezó a trabajar en una clínica de Monte Grande para mantenerlos. Al principio le hizo muy bien reinsertarse, pero los problemas de violencia que vivía a diario le afectaban de tal modo que no pudo sostener su trabajo y renunció.

Él siguió amenazándola, entonces mi hermana decidió dejarle la casa a él y a los chicos y se fue a vivir con mi familia. Se comunicaba con sus hijos por redes o teléfono, pero ellos tenían que esconderse en el placard para que el padre no los viera. Mi hermana solo los veía los fines de semana, se encontraban en algún parque.

Ella no suportó la situación y en mayo de 2011 intentó suicidarse con pastillas. Estuvo internada casi cuatro meses. En ese lapso, él se fue de vacaciones con los chicos, y no le contestaba el teléfono. Cuando volvieron, él dejaba a los chicos a cargo de una persona desconocida. Los hijos llamaban a mi hermana todos los días porque tenían miedo, se peleaban, o estaban  enfermos. Cuando él salía con su pareja o con amigos, los dejaba solos y encerrados.

El gabinete del colegio sugirió un tratamiento psicológico para los tres chicos pero el padre se opuso.

En 2012, el Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar dictaminó que mi hermana era víctima de violencia psicológica, sexual, económica, simbólica y contra la libertad reproductiva.  

Le aconsejamos que, ante cada ataque, llamara al 102 y al 137, pero siempre recibía la misma respuesta: le decían que no podían tomarle la denuncia porque existía una causa iniciada.

Mi hermana  lloraba mucho, se sentía abandonada por la Justicia.

Él está en una buena situación económica, pero tardó dos años en alquilar un departamento mínimo para que mi hermana estuviera con sus hijos. Ella se dedicó a limpiar casas para poder mantenerlos. También buscó apoyo en los grupos que se dedican a los menores que sufren violencia doméstica.

El 14 de enero de 2012  me escribió un mail. Asunto: Qué solas estamos. Era un texto largo en el que detallaba su inútil periplo por todas las organizaciones que afirmaban asistir a las mujeres víctimas de violencia.

Por ese entonces, él le suspendió la obra social del Poder Judicial que cubría sus medicamentos y sus tratamientos médicos y psiquiátricos.

En octubre de 2015, mi hermana participó de la primera marcha "Ni una menos".

Tras siete años de lucha, el 20 de marzo de 2016, mi hermana se ahorcó, ahora está en el Cementerio de Chacarita pero eso a pocos les importa.